A por la regularización de las viviendas ilegales

Y ya viene de largo... Se avecinan elecciones y con ellas los temas recurrentes, casualmente, asociados a ellos. Entre éstos está un nuevo intento para regularizar las miles y miles de viviendas en situación irregular, existentes por toda España y, en esta ocasión, en particular, en Andalucía.


Hace dos años ya se aprobó un decreto que regulaba bajo un nuevo formato el régimen de las edificaciones y asentamientos que se ubicaban (y ubican) en el suelo no urbanizable. Especialmente, se trataba de regular a las viviendas aisladas situadas en este tipo de suelo y, para las que ya han prescrito los plazos para la restitución de la legalidad.

Un gran problema que viene de largo, que afecta a gran número de viviendas, que era conocido desde el principio, que fue consentido y que ahora, y más en tiempos de crisis tiene difícil arreglo.


La propuesta llega de mano de la Presidenta de la Junta de Andalucía, justificada por la necesidad de la Administración de dar respuesta a esas miles de familias. La primera reacción la han tenido con sus socios de gobierno, IU, que han votado en contra de la misma por considerarla precipitada. 


La iniciativa insta a una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía "que posibilite la regularización de las edificaciones ubicadas en parcelaciones urbanísticas para las que haya transcurrido el plazo para la restitución de la legalidad urbanística, posibilitando su permanencia, sin menoscabo de que se mantengan a dichas parcelaciones el régimen actual de restitución de legalidad urbanística"


Habrá que ver cómo se traduce ésto, porque hasta aquí todo es una obviedad: las viviendas van a permanecer al haber prescrito los plazos, pero eso no es la demanda de los ciudadanos (los afectados claro), que pretende el reconocimiento de todos sus derechos (acceso a los servicios urbanísticos e inscripción en el registro "sin trabas" hipotecarias), igual que los legales, habiendo gozado de todos los beneficios económicos que supone haber estado al margen de legalidad. Y, por supuesto, aderezado todo ello por el momento económico, con la poca disposición de dinero de los propietarios para acometer las obras de urbanización (gasto principal) y el ferviente deseo de las administraciones locales de obtener las correspondientes tasas. Y, todo ello, además en un entorno en el que entre el 60 y el 80% de estas viviendas se encuentran enclavadas en ubicaciones protegidas por sus valores patrimoniales o por riesgos naturales.



Editorial: Mohedano Estudio Arquitectura S.L.P.

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