La Junta presiona a la banca por los pisos embargados

El Gobierno andaluz no tiene competencias legales para instaurar la dación en pago, pero uno de los empeños principales de la consejera de Fomento, Elena Cortés, es frenar los desahucios en Andalucía, donde hubo 68.000 desalojos entre 2007 y 2011. Así, está prevista la modificación de la Ley de Vivienda para incluir sanciones contra los bancos que no devuelvan a los registros municipales de demandantes las viviendas protegidas de las que obtienen titularidad tras ser embargadas, como estipula la ley.

Cortés envió a principios de verano una carta a 19 entidades bancarias con sede en Andalucía para recordarles que "los inmuebles protegidos que han sido adjudicados a un banco por impago de una hipoteca deben ser ofrecidos a los registros públicos en el plazo de tres meses". Esta es una de las vías principales de trabajo de Fomento, junto con las ocho oficinas que se han abierto en las provincias para asesorar a los afectados de un desahucio y mediar con los bancos.

El problema es que el 90% de los desalojos se producen en viviendas de renta libre. La consejera obtuvo hace una semana el compromiso de Unicaja para minimizar el drama social de los desalojos. Su propósito es que los bancos, antes que desahuciar a los inquilinos, cedan los pisos mediante un alquiler social con cuotas mensuales bajas. Con esta idea, la consejera ha pedido reuniones por carta con las 19 entidades bancarias.

la consejera Cortés también escribió al ministro de Economía, Luis de Guindos, para pedirle que "el Gobierno exigiera a los bancos que quieran acceder a los fondos de recapitalización que paralicen los desahucios".

 

Fuente: Diario Córdoba

 

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