Andalucía exige conocer cuáles serán los activos que irán al polémico 'banco malo'.

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy conocer cuáles serán y dónde se encuentran los activos andaluces que van a formar parte del'banco malo'. Este nuevo y polémico órgano se creará a raíz de la reforma financiera aprobada por el Consejo de Ministros.

Cortés ha lamentado que con la creación de ese 'banco malo', una figura que ha sido instituida "con dinero de todo trabajador, incluyendo familias desahuciadas", el Gobierno "ha legalizado la acción con pago a los banqueros mientras niega la dación en pago de las familias".

 

Tal y como ha explicado la consejera, el Estatuto de Autonomía andaluz plantea que toda la vivienda y el suelo de Andalucía debe estar subordinado al interés general, un interés que, según ha aseverado Cortés, "no pasa por rescatar banqueros, sino por garantizar el derecho a la vivienda a las familias y también a los jóvenes".

De este modo, la Junta de Andalucía exige al Gobierno saber cuáles y dónde se encuentran los activos andaluces que van a formar parte de este 'banco malo'. Además, se ha interesado por conocer su incidencia en la región andaluza, donde hay una Ley de Derecho a la Vivienda cuyo reglamento plantea que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) objeto de desahucio o que no se puedan adjudicar, pasan a disposición del Registro de Demandantes de Vivienda, "con objeto de satisfacer el derecho que tienen las familias andaluzas a la vivienda".

Un 'alquiler público' que detenga los desahucios

De la misma manera, desde la Consejería de Fomento y Vivienda, Cortés ha reclamado al Gobierno central la implantación de un alquiler social y público de la vivienda que detenga "inmediatamente los desahucios". Este alquiler, según ha explicado, tendría como objetivo garantizar el derecho constitucional que tienen las familias y los jóvenes, que tienen que volver a casa o que no han podido emanciparse".

Entretanto, ha recordado que, en la década que comprendió de 1997 a 2007, hubo un aumento del precio de la vivienda que se cifra en el 180%, "una crecida que se produjo con la convivencia de gobiernos, y que permitió que durante esos años aumentara el precio a costa del pueblo trabajador y en beneficio de los banqueros".

 

De igual manera, la consejera del ramo se ha interesado por conocer a qué precio comprará el Estado esos activos, al tiempo que ha aportado por que "la merma en el precio se traslade a las familias que están pagando su hipoteca". Además, las peticiones de la consejera andaluza pasan por que el Gobierno central "deje de defender los intereses de la banca europea, que son, al fin y al cabo, los acreedores de la banca española"; y que "no tenga la intención de provocar otra burbuja inmobiliaria y no mantenga artificialmente el precio de la vivienda", sostiene Elena Cortés.

Para Cortés, Rajoy debe dejar de considerar la problemática de la vivienda como un problema contable y atender, por lo tanto, el problema social de la vivienda, donde "hay casas sin gente y gente sin casas".

Por último, Cortés ha mostrado su apoyo a la iniciativa que el portavoz parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, José Luis Centella, trasladará al Pleno del Congreso para transformar el 'banco malo' creado por el Gobierno de Mariano Rajoy para salvar a la banca en un banco social.

 

Fuente: El Mundo

 

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