Diversas asociaciones exigen la retirada del Anteproyecto de Ley del Alquiler

Anteproyecto Ley de Alquiler
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Numerosos grupos y asociaciones se unieron el pasado mes de julio paraexigir la inmediata retirada del Anteproyecto de Ley para la flexibilización y el fomento del mercado de alquiler de viviendas. Ahora, ante la posibilidad de desahuciar a los inquilinos que se retrasen en el pago de su renta de alquiler si no cumplen en el plazo de 10 días, han vuelto a alzar su voz contra la normativa.

Entre las diversas asociaciones destacan la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), ATTAC Madrid, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Asociación Libre de Abogados (ELA), la Plataforma por una Vivienda Digna, Ecologistas en Acción, Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), la Plataforma para la Nacionalización de las Cajas y el Grupo de Trabajo de Economía-Sol.

Según estos grupos, la reforma "no pretende resolver ningún problema social en lo referente al derecho a la vivienda". Por el contrario, parece favorecer directamente a los intereses financieros e inmobiliarios.

"Todas las medidas se centran en la forma de resolución del contrato, siempre de forma beneficiosa para el arrendador. El objetivo es muy claro: impedir que las garantías de los arrendatarios impidan la especulación de viviendas actualmente vacías".

'Acentúa la debilidad del inquilino'

Según los distintos colectivos, el Anteproyecto de Ley {Pdfacentúa la debilidad del inquilino al conceder carácter prioritario a la voluntad de las partes, ignorando que en la práctica un contrato de arrendamiento es más bien una adhesión de un inquilino a unas condiciones previamente fijadas por el propietario.

Igualmente, la reforma permite que las partes puedan negociar la pérdida del derecho de adquisión preferente del inquilino. "De esta forma, se podría dar el absurdo caso de que un inquilino no sea informado de la venta de la vivienda que habita y se encuentre en la calle sin ninguna posibilidad de recurso pese a tener su contrato en vigor y el pago al corriente, si no se inscribe el contrato de arrendamiento en el Registro de la Propiedad", argumentan las asociaciones.

Además, se reducen al mínimo las garantías judiciales de los arrendatarios con el argumento de facilitar el desahucio con la mayor agilidad posible. "Esto aumentaría gravemente en 'acoso inmobiliario', una modalidad de coacción para la que todavía no existe un tipo delictivo específico en el Código Penal".

Ante esta situación, las diversas plataformas y organizaciones no descartan emprender movilizaciones de protesta contra el Gobierno.

 

Fuente: el Mundo

 

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