La etiqueta energética de viviendas ya tiene su propia 'policía' en Madrid

La etiqueta energética de viviendas ya tiene su propia brigada de vigilancia en la Comunidad de Madrid. La dirección general madrileña de Industria, Energía y Minas ha puesto en marcha un servicio de inspectores que vela, desde los despachos y sobre el terreno, por que todas las casas que estén el mercado (en alquiler o en venta) dispongan de su correspondiente y correcta etiqueta energética, obligatoria por ley para vender o alquilar inmuebles desde el 1 de junio, que indique su consumo. La sanción por incumplir esta nueva normativa puede ascender hasta los 6.000 euros.

El cometido de este nuevo órgano de control se desarrolla a través de dos equipos distintos. Uno de ellos lleva a cabo una labor de oficinas y el otro se encarga del trabajo de campo. Los funcionarios encargados de las labores de oficina realizan "una revisión de la documentaciónque se presenta y, en caso de encontrar defectos o deficiencias, solicitan efectúar requerimientos de subsanación", según informan fuentes técnicas desde la Comunidad de Madrid a ELMUNDO.es.

Por otro lado, el trabajo a pie de calle se desarrolla por un equipo formado por cinco inspectores adscritos a la dirección general de Industria, Energía y Minas que se encargan de recorrer las calles y visitar los edificios. Su trabajo consiste principalmente "en verificar que el técnico que firma los certificados tiene la competencia para hacerlo" y que "los datos consignados en el certificado, y que sirven para obtener la calificación de eficiencia energética, se corresponden con los realesde la vivienda, local o edificio", apuntan las mismas fuentes.

Esta campaña 'servirá para tener una primera impresión sobre la veracidad de los certificados'

"Esta labor de inspección ha comenzado recientemente y vamos a ver cómo funciona para valorar la posibilidad de reforzarlo o no", advierten desde la Comunidad de Madrid. Además, afirman que esta nueva campaña "servirá para tener una primera impresión sobre la veracidad de los certificados que se están realizando", comentan los técnicos.

Presentar un certificado falso, una calificación irregular o no incluir calificación energética en el anuncio de una vivienda son algunos de los motivos de sanción según la 'Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana'. Esta normativa fija multas entre 300 y 6.000 eurosdependiendo de la gravedad de la infracción.

Desde la Comunidad de Madrid avisan de que "ya existe algún expediente abierto y en proceso de resolución por irregularidad manifiesta". Procedimientos abiertos, principalmente, porque "el certificado no refleja la realidad del inmueble". Por otro lado, advierten de que "cuando las deficiencias sean subsanables" sólo se pedirá su corrección. Asimismo, se reconoce que "es imposible controlar todo" y que "hay que dar cierto tiempo a que el certificado se extienda a la mayor parte de inmuebles".

 

Fuente: elmundo

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/26/suvivienda/1377517699.html

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