Las comunidades podrán suspender la obligación de destinar parte del suelo a VPP

Las comunidades autónomas podrán suspender durante un plazo máximo de cuatro años la obligación de destinar parte del suelo urbanizable a la construcción de vivienda pública protegida (VPP). Eso sí, siempre y cuando existan más pisos de este tipo construidos que demanda real. Una medida se había solicitado ya en varias ocasiones desde el sector promotor.

Así consta en una de las enmiendas presentadas en el Congreso por el PP al proyecto de ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Según el texto, que modifica la Ley de Suelo, durante un máximo de cuatro ejercicios quedará en suspenso la obligación que tienen de reservar una parte "proporcionada" del suelo existente para usos productivos y residenciales a vivienda sujeta a un régimen de protección pública.

La normativa vigente estipula que esta reserva comprenda "los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización", y su provisión debe estar recogida en los instrumentos de ordenación urbana. No obstante, también se reconocía la posibilidad de establecer una reserva inferior a dicho porcentaje en determinados municipios o actuaciones, cumpliendo ciertos requisitos.

Podrán acogerse municipios con planes urbanísticos que ya cuenten con un 'stock' de VPO superior al 15%

Con esta modificación del proyecto de ley de Rehabilitación, se hace unamoratoria en la construcción de este tipo de viviendas, aunque sólo podrán acogerse a ella las operaciones urbanísticas a realizar en municipios que ya cuenten con un porcentaje de vivienda protegida construida y sin vender "superior al 15% de las viviendas protegidas previstas o resultantes del planeamiento vigente" así como "una evidente desproporción entre la reserva legalmente exigible y la demanda real con posibilidad de acceder a dichas viviendas". Además, los planeamientos de ordenación urbanística no pueden haber sido aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor de la ley o que, "en el caso de haber sido aprobados, no cuenten aún con la aprobación definitiva del proyecto o proyectos de equidistribución necesarios".

Según el PP, esta enmienda busca "adecuar la reserva mínima obligatoria de suelo a la realidad del mercado en cada comunidad autónoma, así como a la de sus potenciales beneficiarios, con carácter excepcional". Según un informe del Defensor del Pueblo hecho público el pasado mes de marzo, de las más de 250.000 viviendas gestionadas por las comunidades autónomas aproximadamente 13.500 están vacías, y de éstas 9.752 pueden considerarse disponibles (viviendas habitables que no están ocupadas).

 

Fuente: Elmundo

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/13/suvivienda/1368468436.html

 

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