Podría decirse que la reforma hipotecaria diseñada por el Partido Popular no altera el actual juego de los préstamos con garantía inmobiliaria pero sí que supone el
más ambicioso cambio de sus reglas, a favor del deudor, que se ha producido en los últimos años. El texto refundido del PP
aunando el decreto ley del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) no basta, sin embargo, para contentar a los partidarios de esta última, que reclaman la paralización general de los
desahucios y la dación en pago retroactiva.
La reforma del PP no acabará con los embargos, ni impedirá que los afectados sigan pagando su deuda pendiente de por vida, pero sí reduce con mucho la cuantía que le
quedará por pagar al desahuciado. A partir de ahí, el Ministerio de Economía se niega a ir más allá y el resto de grupos parlamentarios consideran la solución insuficiente, con lo que el Gobierno
asume que la norma saldrá del Congreso la próxima semana únicamente con la mayoría del PP detrás y sin cambiar una coma. La reforma entraría en vigor a finales de abril o principios de
mayo.
Fuente: fotocasa
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