El Gobierno amnistía 75 años más las casas edificadas en la playa.

Las casas construidas en la playa han sido amnistiadas. El Gobierno prorrogará hasta los 75 años la duración de las concesiones de los inmuebles edificados junto al mar. Hasta ahora, los derechos de uso que el Estado otorgaba a los propietarios eran de 30 años, prorrogables a 60 años si los propietarios disponían de una sentencia judicial que acreditara su propiedad.

En otras palabras, estos inmuebles no podrán ser derribados al menoshasta 2093. Y, mientras, se podrá venderlos y comprarlos, algo que hasta ahora estaba prohibido. No obstante, tendrán que pagar un canon "simbólico" al Estado por el disfrute de esa propiedad.

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto de la Ley de Costas, un texto que sustituye –y es radicalmente distinto– al aprobado en 1988 con el fin de frenar de forma contundente la degradación del litoral.

En tiempos de crisis, cambian las prioridades, y "la perspectiva del turismo" se ha convertido en una muy importante. Por eso, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la ley tiene como fin "la protección del medio ambiente en nuestro litoral, que es la base fundamental de nuestro turismo".

Chiringuitos durante cuatro años

Santamaría ha explicado también que otro de los objetivos es "dar protección jurídica a los propietarios" de estas viviendas en la playa. A pesar de estar inscritos en el Registro de la Propiedad y pagar sus impuestos, se encontraban en una situación de incertidumbre porque no sabían si el Estado les iba a derribar la vivienda cuando venciera la concesión, que comenzaba a acabarse a partir de 2018.

Por eso el Gobierno amplía ahora la duración de los derechos de uso, ha explicado la vicepresidenta, "en la línea general de otras concesiones, como la Ley de Aguas.

Los polémicos chiringuitos de playa, que durante el anterior Ejecutivo estuvieron amenazados, también ganan tiempo con esta nueva reforma. Sus concesiones temporales tendrán un periodo de duración de cuatro años. Eso sí, «siempre que se cumplan las condiciones de protección del litoral. Actualmente la concesión era de un año. El tamaño máximo de estas casetas se mantiene: 150 metros.

Información sobre los deslindes

El Gobierno, que someterá su borrador a la revisión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), quiere dejar bien claro en la web del Ministerio y del Registro de la Propiedad la parte de playa que es pública y la parte que es privada para que ningún ciudadano pueda llevarse a error.

"Muchas veces nuestras playas son afectadas por invasiones del mar y hay que volver a contar las zonas de protección. De pronto, con un deslinde, ciudadanos que tenían su casa se dan cuenta de que la zona en la que viven no es suya. Ha pasado con barrios enteros de pescadores", ha explicado la vicepresidenta.

Así que todos los cambios se inscribirán en el Registro de la Propiedad y «se protegerán» dándoles publicidad.

'Cláusula 'antialgarrobicos'

Otra novedad de la reforma es que habrá "tolerancia cero ante las agresiones medioambientales". Santamaría ha hablado de la existencia de la existencia de "una cláusula ‘antialgarrobicos’", para acabar con este tipo de edificaciones ilegales en la costa, en referencia al polémico hotel edificado en el Cabo de Gata.

Por esta cláusula, "la Administración General del Estado podrá intervenir para parar esas obras en el dominio público, actuando frente a acuerdos municipales que den licencias a obras contrarias a la legislación ambiental".

La manera de actuar consistirá en que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá instar al delegado del Gobierno a que supenda inmediatamente los planes municipales, antes incluso de interponer un recurso. "Se evitará así que nos encontremos ante hechos consumados".

El Gobierno amnistía, asimismo, a 10 núcleos poblacionales que dejarán de estar en suelo público. Se trata de Rocafel y Puerto de Santa Pola(Alicante); Empuriabrava y Playa de Aro(Gerona); el casco urbano deIsla Cristina, el Caño del Cepo Punta Umbría (Huelva); PedregalejoEl Palo (Málaga), y Oliva (Valencia).

La mayoría de las 1.000 familias que viven en estos núcleos poblacionales estaba ya allí desde antes de la ley de 1988 y, desde entonces, se encontraban en una permanente "inseguridad", según fuentes del Ministerio. A partir de ahora pasarán de ser concesionarios a titulares de las viviendas y podrán hacer en ellas obras de reparación y mejora.

 

Fuente: El Mundo.

 

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